Un grupo de pequeños y medianos agricultores y contratistas forestales y de la construcción se cansaron de los reiterados atentados incendiarios, amenazas y agresiones que han afectado su fuente de trabajo y su seguridad.
Acusan al Estado de actuar de manera negligente al no haber cumplido su deber de resguardar el orden público y prevenir la comisión de delitos.
Patrocinados por el abogado Jorge Reyes, presentaron una demanda por $6.500 millones en la Corte de Apelaciones de Santiago.
“¡Basta ya!” ¡Exigimos al Estado que cumpla su deber de darnos seguridad”! “Perdimos todo lo que habíamos logrado en años de trabajo”.
Con estas palabras, representantes de 13 familias de pequeños y medianos agricultores y contratistas forestales y de la construcción describieron esta mañana en la Sociedad Nacional de Agricultura, la compleja situación que han vivido desde 2012, producto de la violencia en La Araucanía.
Se trata de familias –gran parte de ellas de esfuerzo- que tras haber padecido reiteradamente el robo de animales, la quema de maquinaria, destrucción de sus plantaciones, amenazas, agresiones y usurpación de propiedad privada entre 2012 y 2015, presentaron a primera hora de hoy una inédita demanda contra el Estado de Chile, por más de $6.500 millones, en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Patrocinados por el abogado Jorge Reyes, los demandantes acusaron “falta de servicio”, asegurando que muchos de los hechos de violencia que los afectaron aún están impunes e incluso algunos de ellos ocurrieron en presencia de la fuerza policial, sin que se interviniera para evitar los daños.
“En la mayoría de los casos, es posible verificar la ocurrencia de delitos en flagrancia, en los cuales la policía no protegió a estas familias y, al contrario, fue testigo de delitos como la usurpación de propiedad privada, abigeato, robos, entre otros delitos”, señaló Reyes, quien aclaró que en todos estos casos ha habido un actuar negligente de parte del Estado en la medida en que no ha cumplido su deber de resguardar el orden público y prevenir la comisión de delitos.
Como le sucedió a Gavino Neira, quien junto a sus hermanas comparte una empresa de transporte y comercialización de áridos en Temuco, y que el 15 de mayo de 2014 sufrió la pérdida de dos máquinas una excavadora y un cargador frontal por un atentado incendiario.
“Me avisaron que se estaban quemando nuestras herramientas de trabajo, lo que nos ha costado toda una vida. Se quemaron, se acabó el sueño de toda una vida de tener maquinarias, fueron minutos y se acabó todo. Por eso vinimos nosotros (a Santiago), a luchar, porque ya es demasiado lo que está pasando en la IX Región. Yo vengo de una familia que comenzó con bueyes, de ahí se pasó a carretones, con tres caballos, de ahí saltamos a unos cacharritos y ya cuando lograste algo, que te acaben todo, no se lo deseo a nadie”, aseguró Neira en la conferencia de prensa que dio junto a otras víctimas y que se realizó en la Sociedad Nacional de Agricultura luego de presentar la demanda.
En la ocasión el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, señaló que la SNA ha querido “acompañar y manifestar su público apoyo a estas familias que valientemente han decidido demandar al Estado por una falta de servicio que no sólo los ha afectado a ellos, sino a otras decenas de familias víctimas de delitos que hasta ahora permanecen impunes. Lamentablemente, nuestras autoridades no han sido capaces de ejercer el Estado de Derecho en la región de La Araucanía, donde parece prevalecer una legislación distinta a la del resto del país; donde hay zonas donde Carabineros no entra o derechamente permite que chilenos sean víctimas de múltiples delitos. Esta demanda histórica es una señal de la impotencia y frustración de estas familias y de muchas que no se atreven a denunciar porque la experiencia de los últimos años indica que no encontrarán justicia en nuestro actual sistema penal”.
Crespo recibió a representantes de estas 13 familias durante un encuentro en el que participaron el presidente de la Confederación de Agricultores del Sur (CAS) y de la Sociedad Agrícola del Bío Bío (Socabío), José Miguel Stegmeier; el secretario general de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), Andreas Köbrich; el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO), Christian Arntz y la asesora de la Multigremial de la Araucanía, Mirtha Casas.
De acuerdo al Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena, entre 2008 y 2014, se registró un total de 1.247 denuncias en la zona. Sólo en 2014 se contabilizaron 209 denuncias, mientras que en lo que va de 2015 se han perpetrado 8 ataques incendiarios en las regiones del Bío Bío y La Araucanía. Además, se han presentado otras acciones de violencia que hasta ahora no habían sucedido en la zona, como el secuestro de un chofer de camiones y el ingreso de 40 personas a un predio para exigir mediante amenazas la entrega de un camión con 30 toneladas de trigo, hecho que ocurrió pese a la presencia de Carabineros en el lugar.
Mirtha Reyes, representante de la Multigremial de La Araucanía, se refirió a estas cifras y explicó que que “aquí no se está atentando contra grandes transnacionales, se está atentando contra trabajadores que quedan sin maquinarias, sin su fuente de trabajo. La demanda que se está haciendo hoy, no tiene precio, porque nada va a poder resarcir las pérdidas psicológicas que estas familias han tenido. Pese a todo el sufrimiento esta gente trata de seguir trabajando por sus familias e hijos”.
Enrique Gutiérrez, quien junto a su hijo tiene una empresa de transportes para la construcción, en Lautaro, sufrió la pérdida de sus maquinarias por quemas en enero de 2014. Explicó que “muchas veces lo material queda en segundo plano, pero cuando uno depende de todo esto, es nuestra proyección como empresa familiar y en un atentado de esta magnitud nos quitan el 80% de nuestro patrimonio, es muy triste es muy decepcionante. Por eso estamos presentando esta demanda al Estado. Como familia nos ha afectado mucho, porque es el trabajo de toda mi vida”.
Las demandas
Los casos corresponden a emprendimientos familiares en que los actos de violencia que han padecido han impactado fuertemente su actividad, al punto de poner en peligro la subsistencia de sus empresas o predios.
· Familia Gutiérrez: demandan daños por el incendio de sus maquinarias.
· Miriam Neira y Gavino Neira. Transportistas y comercializadores de áridos. El 15 de mayo del 2014. Les quemaron dos máquinas una excavadora y un cargador frontal.
· Hernán Baier Borgeaud: víctima de abigeato de animales y destrucción de 33 hás de siembra. En presencia de Carabineros, se jugó pallín (chueca) en su territorio, sin su autorización.
· Ismael Rodríguez: pese a contar con medida de protección de Carabineros dentro de su propiedad, se incendiaron tres veces 80 hás de pino de su terreno.
· José Seitz Muñoz: ha sufrido la quema de su camioneta, de inmuebles y de bosques y pastizales.
· José Zambrano Henríquez: perdió 33 hás de bosque nativo debido a un incendio y también de su trilladora y 10 hás de trigo.
· Mario Cortes: denuncia el abigeato de 200 cabezas de ganado, pese medida de protección vigente, y de la quema de dos máquinas (una excavadora y un cargador frontal).
· Pedro Fuentes de San Clemente: debido a ataque incendiario, sufrió la pérdida de sus maquinarias, que son su instrumento de trabajo.
· Rene Borgeaud González: ha sido víctima del abigeato reiteradamente y cuenta con una medida de protección pendiente.
· Rodolfo Tegtmeier: en su propiedad le quemaron sus máquinas.
· Sonia Bachmann: perdió 150 hás de plantación de pino insigne.
· Víctor Figueroa Castillo: sufrió la quema de su planta procesadora de grano.
· Víctor Meier: víctima del abigeato de 40 animales.
Edición 471
