Existe preocupación en el organismo por uso indebido de inmuebles destinados a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Casi una decena de inmuebles no han sido restituidos al servicio y continúan en manos de familiares pese a que los beneficiarios han fallecido existiendo una alta demanda regional de adultos mayores por habitarlos.
Una amplia fiscalización a nivel regional a las viviendas asignadas para uso exclusivo de adultos mayores y que presentan condición de vulnerabilidad, realiza el Departamento de Operaciones Habitacionales de Serviu Los Ríos, debido a cantidad importante de inmuebles no son utilizados por los beneficiarios de este programa y son habitados por los propios familiares luego que el adulto mayor falleciera, sin restituir el inmueble para una nueva asignación.
Tal condición ha originado que profesionales del Departamento de Operaciones Habitacionales y Jurídico del organismo comenzaran una amplia fiscalización a cada uno de los inmuebles dispuestos para el Programa del Adulto Mayor y así, determinar las condiciones en que se encuentran las propiedades, quienes las habitan actualmente e iniciando las acciones administrativas y judiciales que corresponden para recuperar las construcciones ilegalmente ocupadas.
Al respecto el Director Regional de Serviu Los Rios, Alejandro Larsen, enfatizó que “esta revisión tiene un sólo fin y es entregar todos los resguardos sociales y jurídicos necesarios para que los beneficiarios de estas viviendas puedan habitar con tranquilidad. Muchos de ellos presentan una alta vulnerabilidad y en algunos casos, habitan solos estos inmuebles, es por ello, la importancia de conocer la realidad de estos adultos mayores que requieren un apoyo real y concreto, tal como lo ha instruido la Presidenta Bachelet”.
El Programa de Viviendas para Adulto Mayor que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se rige bajo el Decreto Supremo Nº 62 y cuenta 125 viviendas ubicadas en toda la región, exceptuando la comuna de Corral. Estas son entregadas en comodato o arriendo a los beneficiarios que deben ser mayores de 60 años y presentar una condición de vulnerabilidad.
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Edición 472
