El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que se colocará discusión inmediata al Proyecto de Ley Consultorio Seguro, iniciativa legal que se encuentra en el Senado y busca modificar el Código Penal, estableciendo penas más severas para quienes agredan a funcionarios de los centros de salud del sistema público.
La medida la informó a partir de un nuevo episodio de agresión a personal de salud. El jueves un médico y un enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Barros Luco Trudeau, fueron agredidos por familiares de un paciente usuario de este centro asistencial.
“Me he comunicado con autoridades del Ministerio de Justicia y hemos decidido de común acuerdo, dar prioridad al proyecto de ley que establece sanciones graves para quienes agreden al personal de salud solicitando su discusión inmediata. Esto significa que en 15 días el Parlamento deberá despachar esta iniciativa, ya que necesitamos de este instrumento para proteger a nuestros trabajadores de cualquier agresión que sean víctima”, informó el ministro Mañalich.
Agregó que “las medidas preventivas que se han instalado hasta ahora no han sido suficientes. la frecuencia con que se están produciendo estos eventos no está disminuyendo, al contrario han aumentado y es por ello que junto con instrumentos que entrega esta ley tenemos que proceder y así lo he instruido, a realizar una re evaluación de todo lo que significa el acceso a nuestros hospitales y establecimientos de salud”.
El ministro agregó se requiere “que legisle con la rapidez para que podamos contar con los instrumentos legales para prevenir estos delitos y castigar cuando estos hechos ocurran, brindando la seguridad que requiere el trabajo asistencial, tanto para nuestros profesionales y trabajadores, como también para los pacientes que no pueden ver retrasada su atención producto de estas acciones”, indicó el ministro de Salud.
La iniciativa legal busca castigar al que hiera, golpee o maltrate de obra a un funcionario o trabajador de un servicio de salud, o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales pre básicos, básicos y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, en el ejercicio propio de su cargo, o con ocasión de él.
Entre otros se propone aplicar una pena de presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) si debido a las lesiones el afectado queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. Con presidio menor en su grado medio a máximo (desde 541 días a cinco años) se castigará si las lesiones producen al funcionario enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días. Y con presidio menor en grado mínimo a medio (desde 61 días a tres años y un día), si son causadas lesiones menos graves.
El texto también señala que el agresor será multado de 11 a 20 UTM o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, lo último si causa lesiones leves o no se produce daño alguno.
