Francisco Javier Tagle
Profesor Facultad de Comunicación, Universidad de los Andes.
En estos últimos meses, los casos de corrupción en Brasil y en Chile, el caso Nisman en Argentina, la matanza de los estudiantes normalistas en México o las protestas ciudadanas en Venezuela, claman por un periodismo libre con responsabilidad social y al servicio de los latinoamericanos y su democracia.
Los informes que año a año realizan instituciones como Reporteros sin fronteras y Freedom House demuestran una realidad poco auspiciosa sobre la libertad para el ejercicio del periodismo en América Latina. Por ejemplo, Reporteros sin fronteras en 2014 clasificó a la mayoría de los países de la región con una deficiente -y en algunos casos inexistente- libertad de prensa. Legislaciones que censuran, poca independencia, ausencia de pluralismo y falta de seguridad (en México entre 2000 y 2013 han sido asesinados 88 periodistas) son algunas de las razones para este magro desempeño. Por su parte, Freedom House en su mapa de la libertad de prensa establece que en Sudamérica sólo Uruguay es libre en este ámbito.
A pesar de esta falta de libertad que impediría un correcto funcionamiento del periodismo, es preciso considerar que desde el retorno de la democracia a finales de los ochenta y comienzos de noventa, los medios de comunicación han jugado un rol importante de rendición de cuentas al poder político en América Latina. Gracias a investigaciones periodísticas y su cobertura, seis presidentes latinoamericanos (entre ellos Alberto Fujimori, Carlos Menen y Carlos Salina de Gortari) han tenido que rendir cuentas ante la opinión pública y la justicia. Se podría decir que estos casos son nuestros Watergates locales. Por otra parte, movimientos sociales en la región a través de la cobertura mediática que se han dado a sus demandas, han logrado ser escuchados por el poder político. Así, desde estudiantes hasta movimientos ecologistas han encontrado en los medios de comunicación la mejor herramienta para conseguir sus fines.
Las razones de este rol de los medios en América Latina, estarían dadas, en primer lugar, por una suerte de “fiebre” de reportajes de investigación que llegó con el retorno de la democracia y que permitió después de décadas de autoritarismos, una mayor libertad en el ejercicio de la profesión. Asimismo, las políticas neoliberales contribuyeron a la desregulación y privatización del mercado de medios de comunicación, lo que provocó una mayor independencia del poder político.
En la otra cara de la moneda, las corrientes críticas señalan que los medios de comunicación desde los noventas han estado dominados por el poder económico, lo que ha generado una concentración mediática brutal (grandes y poderosos conglomerados en prensa, televisión y radio) impidiendo que voces disidentes de la sociedad puedan ser escuchadas, y esto teniendo en cuenta que un pilar de la democracia es el debate de las ideas. De ahí, que la mayoría de los gobiernos populistas o progresistas que hicieron su arribo en la década del 2000 bajo el Socialismo del Siglo XXI, hayan tenido entre sus propósitos devolver al Estado -movidos principalmente por visiones ideológicas- un rol más protagónico que asegure el pluralismo informativo. Esto sin olvidar, que estas reformas han ido acompañadas en algunos acasos de atentados en contra la libertad de expresión. La Venezuela chavista ha sido uno de los casos emblemáticos en este sentido.
Estas visiones de cómo deberían ser los medios de comunicación en las democracias latinoamericanas, las que por un lado privilegian la desregulación para asegurar la libertad de prensa y la independencia política, y por otro lado, las que abogan por darle al Estado más protagonismo en la configuración del sistema de medios de comunicación es un debate –sobre todo académico- que aún no termina. No obstante, la tormentosa realidad actual de la región clama por un factor común en el ejercicio periodístico: Libertad de prensa y responsabilidad.