La actividad es organizada por la Comisión de Capacitaciones del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios de Policía Local, a cargo de la abogada, Daniela Coello Higueras, en conjunto con el abogado, Juan Quintana Ojeda.
«Competencia de los JPL atribuida en la LEY 21.325», trató la ponencia del profesor del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho de la Escuela de Derecho UACh, sede Puerto Montt, Dr. Marcos Andrade Moreno, en el marco del «Curso de Actualización», en diversas materias atingentes y de interés para la judicatura de Policía Local, destinada a todos los magistrados, magistradas, secretarios y secretarias abogados/as de Policía Local del país.
La actividad es organizada por la Comisión de Capacitaciones del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios de Policía Local, a cargo de la abogada, Daniela Coello Higueras, en conjunto con el abogado, Juan Quintana Ojeda, socio del mismo gremio, en cumplimiento de los objetivos propios del Instituto Nacional y tendiente a promover el estudio y análisis de materias relacionadas con la Justicia de Policía Local, por parte de importantes académicos del país, miembros del Poder judicial y expertos en las materias en conjunto con los destinatarios del ciclo.
El profesor, Andrade, expuso el miércoles 4 de agosto, sobre «Competencia de los JPL atribuida en la LEY 21.325», mediante la plataforma Zoom, y señaló que, el curso de actualización tuvo por objeto presentar un panorama general sobre la migración en Chile, los principales hitos de la legislación y política migratoria, los presupuestos y principales elementos del DL 1094 de 1975, actualmente vigente en Chile y los cambios que introduce la Ley 21.235. Luego se analizaron las competencias específicas que la ley atribuye a los Juzgados de Policía Local en materia de arrendamientos; en este sentido, se destacó la oportunidad que ofrece dicha modificación legal para los Jueces de Policía Local: contribuir en la definición y protección del derecho a la vivienda digna.
El académico dijo, “la Ley 21.325 de Migración y Extranjería junto con establecer una nueva institucionalidad y regulación en materia migratoria, modifica la Ley 18.101 sobre arriendos de predios urbanos y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, otorgando a los Juzgados de Policía Local el conocimiento y sanción de los arriendos o subarriendos abusivos; es decir, aquellos que no cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles, o que se den en condiciones de hacinamiento, vale decir, que superen la carga de ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación”.
Agregó, “el problema del hacinamiento y de los arriendos o subarriendos abusivos afecta especialmente a las personas migrantes: según el Servicio Jesuita Migrante, un 19% sufre hacinamiento, situación que se agrava entre los migrantes de menores ingresos, los que no cuentan con visa temporaria o permanencia definitiva y los que carecen de redes de apoyo. No obstante, las modificaciones legales introducidas en materia de arrendamiento son generales y, por lo tanto, no distinguen entre chilenos y extranjeros migrantes, razón por la cual las competencias atribuidas a los Juzgados de Policía Local permitirán dar protección al derecho a la vivienda digna para todas y todos».
