Los Ríos al Día

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales valoró aprobación del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico

El proyecto señala que las instituciones que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional establecida en la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

El jueves 5 de agosto de 2021, el Senado aprobó por 26 votos a favor, un voto en contra y cuatro abstenciones, el proyecto sobre acoso sexual en el ámbito académico, quedando listo para que el Presidente de la República lo promulgue como ley.

El objetivo de la iniciativa es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior.

El senador Alfonso de Urresti -en su intervención- recordó que, en mayo de 2018, en la Universidad Austral de Chile se gestó un importante movimiento feminista, como consecuencia de denuncias de acoso y abuso sexual en la Universidad Austral de Chile y en la Universidad de Chile.  Esto generó el interés y la reacción de docentes e investigadoras, de trabajar y modificar los estereotipos, proceso que hoy desemboca en un texto legal.  “Agradecemos a todas esas organizaciones de mujeres, doctorandas, investigadoras, docentes y mujeres anónimas, porque hoy lograron poner en el centro de la discusión esta lacra que se ha naturalizado en muchos ámbitos académicos del país”.    

La profesora del Instituto de Derecho Público, Dra. Yanira Zúñiga, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh y representante de la Facultad en la Comisión AVD de funcionarios, junto al profesor y Dr. Sebastián Agüero, comentó que el proyecto tiene una historia entretejida con el «mayo feminista» de 2018, el cual tuvo su génesis en la UACh.

En efecto -comenta la profesora Zúñiga- este proyecto, que tuvo su origen en una moción presentada por un grupo de senadoras, a instancias de la red de investigadoras, buscaba resolver la falta de regulación jurídica del acoso en uno de los ámbitos- el espacio académico- en el que este fenómeno tiene mayor incidencia.  “Pero, mientras se tramitaba, varias universidades- entre ellas la UACh- se dotaron de protocolos detallados en esta materia, la mayoría de las cuales fueron producto de dicha movilización estudiantil, los que se han ido institucionalizando en mayor o menor medida, a lo largo de estos años”.

Por consiguiente, al momento de llegar a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, el referido proyecto se encontraba desfasado y requería varios ajustes.  “Tuve la oportunidad y el privilegio de participar, en conjunto con diversas organizaciones de mujeres, en la formulación de indicaciones para su redacción final, las que, afortunadamente, fueron acogidas por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara; y, luego refrendadas por el Senado. Esas indicaciones recogen varios de los aspectos que están consagrados en los reglamentos AVD de la UACh, entre otros, la extensión y clarificación de la noción de acoso, la introducción de protecciones frente a otras hipótesis de violencia y de discriminación, y la incorporación de obligaciones de prevención e institucionalización”.

Convertido en ley próximamente -agrega- este proyecto resolverá algunos de los espacios oscuros y lagunas legales que habían motivado controversias judiciales respecto al alcance de la autonomía universitaria para aplicar medidas de protección y sanciones en casos de acoso sexual y constituye un espaldarazo para la consolidación de estos protocolos. Al mismo tiempo, obligará a las universidades y al sistema de educación superior en su conjunto a poner en el centro de su institucionalidad estos dispositivos, dotándolos de personal, recursos adecuados y considerándolos una exigencia para la acreditación.

“Confío en que los esfuerzos que ya se han hecho y los que deberán implementarse en el futuro cercano en esta materia, permitirán garantizar a estudiantes, funcionarias y académicas, espacios libres de violencia, que respeten su dignidad y su indemnidad sexual”, precisó la Dra. Zúñiga.

Por su parte, la representante del Centro de Estudiantes de Derecho UACh (Valdivia), Sofía Medina, sostuvo que, “la aprobación de la Ley contra el acoso sexual en el ámbito académico en el Senado supone un enorme avance en la comprensión de un ambiente de estudio libre de violencia de género y el inicio del fin a la impunidad de la que han gozado históricamente quienes cometen estos actos”.

“Creo que la Universidad no es solo un lugar de formación profesional, sino de crecimiento personal y de fortalecimiento de valores e ideales, individuales y comunitarios, que debiera estar libre de todo acto tanto de acoso sexual como de todo tipo de violencia y discriminación.  Si bien en nuestra universidad contamos con un mecanismo para tratar estos casos en cierta medida, como lo es la Comisión AVD, esto no es suficiente y es necesario que sea tratado a nivel nacional y legal”, puntualizó Sofía.

Finalmente, agregó que considera importante que se comience a sancionar correctamente todo actuar que perturbe el desarrollo de las y los estudiantes, más aún cuando estas acciones ocurren en relaciones asimétricas y jerarquizadas.

Implicancias del proyecto

De acuerdo con el texto, las instituciones de educación superior deberán adoptar todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, promoviendo, en particular, las relaciones igualitarias de género.

Las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construido con la participación de todos los estamentos. Además, tendrán que contar con unidades responsables de la implementación de sus políticas y protocolos.

El proyecto señala que las instituciones que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional establecida en la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Las casas de estudios superiores tendrán el plazo de un año desde la publicación de la ley para implementar los modelos de prevención y de sanción construido participativamente.

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