DECLARACIÓN PÚBLICA
Los derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos son derechos humanos inalienables, integrales e indivisibles para todas las personas y no están consagrados en la legislación chilena en la Carta Magna, restringiéndose la libertad sexual y reproductiva de todas las personas en su diversidad sexo – genérica y, en especial, de las mujeres mayores, adultas, jóvenes, adolescentes y niñas, que deberían ejercer su pleno ejercicio de derechos con capacidad de decidir, en ámbitos que le corresponden a su privacidad, intimidad y desarrollo personal especialmente con respecto a la maternidad deseada, placentera y crianza respetuosa.
El Estado de Chile asume, progresivamente, compromisos internacionales basado en los derechos humanos, adoptando medidas estratégicas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, en consonancia con las recomendaciones internacionales para garantizar un reconocimiento pleno y efectivo de estos derechos, lográndose el año 2017 la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales – Ley 21.030 – que al año 2016 no se disponía, ubicándose entre los únicos 5 países del mundo sin ley asociada.
En este contexto, el Colegio de Matronas y Matrones de Chile A.G. rechaza la presentación de legisladores del Proyecto de Ley en la cual parlamentarios buscan derogar la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y aumentar las penas por su práctica, considerando que la legislación y los derechos fundamentales no pueden depender de ideologías ni creencias personales, y deben ser decisión individual su ejercicio pleno.
Condenamos enérgicamente toda iniciativa que vulnere todo derecho adquirido en materia de Salud Sexual y Salud Reproductiva, ya que esta iniciativa parlamentaria deja en el desamparo a las mujeres y víctimas de violencia sexual, que por la Ley 21.030 tienen acceso en justicia y derechos en salud, con un acto médico reparatorio, legal, gratuito, con seguridad y calidad sanitaria, que las exime de proseguir con una maternidad forzada. Asimismo, la aplicabilidad de dicha ley garantiza el derecho toda persona con capacidad de gestar, a voluntariamente acceder bajo la recomendación médica al constituirse la causal de “inviabilidad fetal” y/o “riesgo de la vida de la madre”, interrumpir su gestación de forma legal y segura con acompañamiento y asistencia psicosocial.
Emplazamos a las actuales autoridades y al Estado de Chile a seguir avanzando en adoptar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para nuestro país y a dar cumplimiento al Compromiso de Santiago[1], ante CEPAL y O.N.U el 2020, en que los estados partes se comprometen en los puntos 9 y 10 en “promover el acceso universal a servicios de salud integrales incluidos los de salud sexual y reproductiva, accesibles, asequibles y de calidad en la diversidad de niños, niñas y adolescentes promoviendo, además, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos” y seguir avanzando en la promulgación de políticas públicas que mejoren en acceso, calidad, oportunidad y equidad en materia de salud sexual y reproductiva, tal como su obligación de Estado garante se lo exige.
[1] Compromiso de Santiago. XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.Chile. 2020.
Directorio Nacional
Colegio de Matronas y Matrones de Chile A.G